¿“INGENUIDAD” O PREVARICATO?
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| Jueces Lucrecia Marcelina Rojas de Badaró y Víctor Antonio Alonso |
La abogada Lucrecia Marcelina Rojas de Badaró se desempeñó en el año 1978 y años subsiguientes hasta 1983, como jueza en la provincia de Formosa, más precisamente en la localidad de Clorinda. Fue en consecuencia una jueza del Gobierno Militar y juró, al asumir su cargo, por los documentos del Proceso de Reorganización Nacional.
En cumplimiento de sus funciones, el 21 de septiembre de 1978 firmó una orden de allanamiento –se anexa copia electrónica del documento- y ordenó la detención e incomunicación de dos personas por imputárseles la comisión de los delitos de asociación ilícita y violación de la ley 20.840 en cumplimiento de una solicitud realizada por el entonces juez federal de Resistencia (Chaco) Dr. Luis Angel Córdoba, a quién hoy se pretende imputarle delitos de “lesa humanidad” por haber condenado a delincuentes terroristas en aquella época.
Con la llegada del gobierno constitucional, la abogada Rojas de Badaró es designada jueza de menores en virtud de lo dispuesto por la ley 64/84 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa. También, posteriormente, es nombrada jueza de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la misma provincia.
En 1995 es nombrada por el gobierno de Carlos Menem, bajo la tutela de un senador nacional del Partido Justicialista, jueza de Cámara en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Corrientes, junto al Dr. Víctor Antonio Alonso González.
Años más tarde, estos funcionarios de la justicia, integrando el tribunal arriba mencionado, “juzgaron” y ¡¿condenaron?! a militares y policías en los juicios que se detallan a continuación; imponiendo penas que van desde prisión perpetua hasta 25 años de cárcel:
- 2008: juicio y condena por hechos, supuestamente ocurridos, en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, para dos Coroneles; un Capitán y un Comandante Principal de la GN.
- 2009: juicio y condena a un Comisario General de la Policía de la Provincia de Corrientes por los hechos, supuestamente ocurridos, en dicha Institución.
- 2010: juicio y condena a un Teniente Coronel; un Teniente Primero; un Comisario General; un Comisario Mayor y otro policías de menor jerarquía (en total diez personas) por hechos, supuestamente ocurridos, en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco y Alcaldía Policial.
- 2011: juicio y condena a un Teniente Coronel; un Capitán; un Suboficial Mayor; un Suboficial de la PNA y tres policías de la Provincia de Corrientes por los hechos, supuestamente ocurridos, en la localidad de Goya (Corrientes).
CONCLUSIÓN
Como se puede apreciar y establecer, sin hesitación, la abogada Lucrecia Marcelina Rojas de Badaró, es una cabal exponente de la familia ISCARIOTE, a quién representa sin ningún pudor. La conducta, la coherencia y los principios que rigen sus acciones son, para esta jueza, una veleta política que se traduce en una constante traición a la patria y a los deberes que demanda su cargo. Ayer ordenaba a las fuerzas legales la detencción -secuestro, según los cargos que imputa en la actualidad- de terroristas; hoy, "juzga" y condena a los que ayer cumplieron sus órdenes; ¿en qué quedamos Usía?
Para esta funcionaria pública, su vocación no es de servicio imparcial sino de rédito personal. Parafraseando una canción popular: “La justicia es lo de menos si sos un gordo bueno…”
ORDEN DE ALLANAMIENTO
Librada el 21 de septiembre de 1978 durante el
Gobierno Militar
Gobierno Militar
